El juicio que enfrenta a Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra el influencer Diego Bravo llegó a su fin este miércoles 11 de noviembre con la absolución del influencer por presuntos delitos contra el honor.
“El tribunal, al hacer un ejercicio valorativo de todos y cada uno de los elementos de prueba, determina que, a pesar de que los hechos y la prueba fueron debidamente admitidos y valorados, el contenido del mensaje emitido en todos y cada uno de esos videos no reviste de los suficientes elementos para poder cumplir con el primer análisis de la teoría del delito”, explicaron los jueces.
Al desglosar el razonamiento legal, la autoridad judicial subrayó que no basta con presentar reclamos o inconformidades para establecer el delito.
“Al desglosar el razonamiento legal, la autoridad judicial subrayó que no basta con presentar reclamos o inconformidades, sino que los hechos denunciados deben encajar con exactitud técnica en una figura penal”, agregaron durante la lectura de la sentencia.
Por otra parte, el tribunal indicó que “estas plataformas de contenido o ventanas donde las personas se hacen conocidas y alcanzan la condición de figuras públicas tienden a generar crítica, sátira y burla”.
“Tenemos que, si bien es cierto, don Diego no se ha presentado como un profesional en periodismo, lo cierto es que se le reconoce también su condición de comunicador, y esa condición de comunicador lo hace respecto a un público meta que está interesado en adquirir información, noticias, chismes”, explicó el juzgado.
Respecto a la parte civil, el tribunal determina que es necesario acreditar tres elementos básicos para poder establecer un derecho derivado de una acción civil.
El primero es la existencia de un hecho punible o el hecho generador de la responsabilidad civil de carácter subjetivo y, posteriormente, un daño debidamente acreditado.
Entre esos dos elementos hay un tercero que es el nexo de causalidad; o sea, que la producción del daño derive precisamente de la existencia de ese hecho generador que, a la luz del Código Civil, es el delito.
“Al no tener por acreditado uno de los tres elementos, que es el básico, la existencia de un delito o de una conducta que pueda entenderse como delito...Es por eso que el tribunal determina la imposibilidad y por eso declara la acción civil resarcitoria incoada en contra de don Diego sin lugar, rechazando la misma en todos sus extremos”, agregó.
De esta manera, Diego Bravo se exime del pago de las costas personales y procesales, debiendo cada actor asumir los costos de representación generados.
El caso que llevó a Diego Bravo al banquillo de los acusados
Tras varios años de espera, el proceso judicial comenzó el 3 de setiembre, cuando se conocieron los detalles de la querella presentada por Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo.
De acuerdo con lo explicado por el abogado de la pareja, Rafael Rodríguez, la acusación contemplaba 15 presuntos delitos de difamación: siete relacionados con Mauricio Hoffmann y ocho con María José Ulate. Además, cada uno presentó una acción civil en la que reclamó ¢5 millones por concepto de daño moral.
El conflicto judicial se originó por una serie de videos que el creador de contenido publicó en sus redes sociales, en los que se refirió a distintos aspectos de la vida personal de la pareja.
Entre los contenidos señalados durante el juicio hubo comentarios sobre las anteriores relaciones sentimentales de Hoffmann, referencias a su hija y calificativos dirigidos a Ulate, a quien Bravo habría llamado “añeja”, “mosca muerta”, “quitamaridos”, “rompehogares” y “falsa”, entre otras expresiones.
Antes de llegar a juicio, Ulate y Hoffmann intentaron alcanzar una conciliación con Bravo y le solicitaron una disculpa pública por sus publicaciones. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo, por lo que el proceso continuó por la vía judicial.
Durante las distintas audiencias, el tribunal escuchó las declaraciones de los querellantes, así como los testimonios de tres testigos y la prueba documental aportada al expediente.
El proceso se extendió durante más de dos meses y concluyó con la absolución de Diego Bravo. La fundamentación completa de la sentencia se entregará el próximo 18 de noviembre.