El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública declaró inadmisibles un recurso de apelación y siete adhesiones presentados contra la orden de allanamiento que avaló la ejecución de 16 operativos en diciembre del 2025 por el caso conocido como BCR-SAFI.
La resolución llegó el 10 de noviembre del 2026, casi un año después de los allanamientos. Esto significa que, durante ese periodo, debido a que estaba en disputa la orden que autorizó la obtención de la prueba durante las intervenciones, el Ministerio Público no ha podido analizar los documentos recolectados en las oficinas y las viviendas de los imputados.
Ahora, la Fiscalía podrá acceder y analizar toda la prueba recabada para continuar con la causa.
El caso, que se tramita en el expediente 21-000209-1218-PE, indaga los presuntos delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública, relacionados con actuaciones de la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), respecto de al menos nueve proyectos adquiridos.
El 17 de noviembre del 2025, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó el allanamiento, registro y secuestro en la causa.
Con dicha autorización, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ejecutó, el 4 de diciembre de ese mismo año, 16 allanamientos para buscar evidencia documental y electrónica relevante para la investigación.
Entre los sitios allanados estaba la vivienda del exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales, así como otras 13 casas de habitación en San José, Heredia y Cartago. Además, se intervinieron dos oficinas: la sede de BCR SAFI y el departamento de Auditoría de la entidad bancaria, ubicado en sus oficinas centrales, en San José, así como las oficinas de BCR SAFI, situadas en Torre Cordillera, en Rohrmoser.
Junto al exlegislador, figuran entre los investigados su hijo, Humberto Vargas Sotres, así como Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Barrantes Marín.
También están bajo investigación funcionarios o exfuncionarios de BCR SAFI y del BCR: Álvaro Camacho de la O (exsubgerente general a. i. del BCR), Juan Carlos Bolaños Azofeifa (exgerente de negocios de banca corporativa), Marlon Sequeira Gamboa, Rosnnie Díaz Méndez, Natalia Garro Acuña (jefa de proyectos e infraestructura), Luis Carlos Gutiérrez Chaves (ingeniero), Marco Antonio Carvajal Soto (supervisor), Álvaro Jiménez Villegas, Luis Fernando Arce Saborío (arquitecto) y Javier Chinchilla Medina (arquitecto).
Tras los allanamientos, el investigado Humberto Vargas Sotres formuló un recurso de apelación contra la resolución del juzgado que ordenó los operativos. A través de sus respectivas defensas, otros siete sospechosos presentaron adhesiones a ese recurso. Se trata del exdiputado y de Gutiérrez Loría, Sequeira Gamboa, Gutiérrez Chaves, Carvajal Soto, Arce Saborío y Chinchilla Medina.
Las partes fueron convocadas a una audiencia oral de apelación, que se realizó los días 2 y 3 de noviembre del 2026.
Recurso extemporáneo
La jueza Ivannia Delgado Calderón determinó en la resolución del 10 de noviembre de este año que el imputado Vargas Sotres presentó el recurso de apelación de forma extemporánea y, por ello, lo declaró inadmisible.
En el recurso, Vargas Sotres argumentaba que los operativos provocaron un gravamen irreparable, pues se violentaron su domicilio, su intimidad y su privacidad. A su criterio, la resolución del juzgado que autorizó el allanamiento de su casa no estaba debidamente fundamentada.
Delgado explicó que la resolución que ordenó el allanamiento, registro y secuestro le fue notificada personalmente a Vargas Sotres el 4 de diciembre del 2025, cuando el día del allanamiento recibió una copia del documento que autorizó la diligencia.
De esa forma, en esa fecha, el imputado conoció el contenido de la resolución objeto del recurso. A partir de ese momento, comenzó a correr el plazo de tres días para interponer la apelación, el cual vencía el 9 de diciembre del 2025. No obstante, de acuerdo con Delgado, el imputado presentó el recurso hasta el 17 de diciembre de ese año.
“Como efecto jurídico derivado, al no prosperar la apelación tampoco proceden las adhesiones formuladas, al ser dependientes de la primera”, dictó la juzgadora.
Compra del Parque Empresarial
La investigación del caso se originó en agosto del 2024, cuando la Junta Directiva de BCR SAFI interpuso ante el Ministerio Público una denuncia por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), propiedad de BCR Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares, a raíz de un Informe de Relación de Hechos elaborado por la Auditoría Interna de la Sociedad.
Este informe determinó que BCR SAFI pagó $35,2 millones de más por el PEP en febrero del 2020, con el dinero de los inversionistas que colocaron recursos en uno de los fondos inmobiliarios bajo su administración.
A esta conclusión llegó la Auditoría Interna luego de realizar una investigación sobre la compra de ese inmueble de 540.400 metros cuadrados (m²), ubicado en Espíritu Santo, en Esparza de Puntarenas.
El Fondo de Inversión Inmobiliaria No Diversificado adquirió el proyecto en $70,8 millones, cuando en realidad su valor era de aproximadamente $34,8 millones (101% menos).
La compra de estas bodegas empresariales se hizo al grupo del exdiputado Vargas Corrales. De acuerdo con la Auditoría, en la operación se incluyeron “edificaciones inexistentes” y se sobrevaloró el perímetro de los predios que eran realmente utilizables, distorsionando “la correcta determinación del valor pericial adecuado al momento de la compra del PEP”.
El documento detalla que al momento de la adquisición, tres bodegas de enfriamiento no estaban construidas y, para el área de predios, se consignó que abarcaba 399.000 metros cuadrados (m²), cuando en realidad su extensión era de 89.029 m².
Los auditores también determinaron que el parque empresarial no debió ser comprado en ese momento porque el Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión, en su numeral 77, establece que “los fondos inmobiliarios solo pueden invertir en bienes inmuebles construidos”.
El Informe de análisis del efecto de la compra del inmueble PEP, con corte a setiembre de 2024, concluyó que dicha compra representó una pérdida operativa acumulada de $9,4 millones para los inversionistas, desde el momento en que se adquirió el inmueble hasta el tercer trimestre del 2024.
El 27 de octubre BCR SAFI informó que compró el PEP a sus inversionistas por un monto de $89,36 millones. Aunque la empresa del BCR adquirió el inmueble por $70,8 millones para el Fondo Inmobiliario No Diversificado, la operación confirmada en octubre pasado implica que el PEP deja de formar parte de dicho fondo y pasa a incorporarse a los activos de BCR SAFI.
Del monto total, $87,05 millones corresponden a recursos reconocidos a favor del fondo de inversión, suma que contempla el valor asociado a la salida del inmueble, los costos financieros y otros rubros. Los $2,31 millones restantes corresponden a gastos legales relacionados con la escritura de traslado de la propiedad.
Compra de siete inmuebles
Otros de los casos que investiga la Fiscalía es la compra de siete inmuebles.
La Superintendencia General de Valores (Sugeval) señaló que entre mayo del 2018 y junio del 2019, antes de la adquisición del PEP, BCR SAFI habría negociado con el grupo empresarial del exdiputado Vargas Corrales compras riesgosas de siete inmuebles para miles de inversionistas de dos fondos inmobiliarios por un monto de $48,8 millones. Los inmuebles están ubicados en Santa Ana, La Uruca, Ciudad Colón y Pavas (San José), y San Pablo (Heredia).
La Sugeval detectó “los riesgos potenciales” en el informe SGV-I-83-2024, emitido por la División de Supervisión en junio del 2024.
El grupo empresarial del exdiputado Vargas, de acuerdo con la Superintendencia, compró varios de esos inmuebles por un precio mucho menor al que después pactó con BCR SAFI. Sugeval halló que algunos contratos de compraventa se firmaron previo a las aprobaciones del Banco de Costa Rica.
De acuerdo con el informe, el Comité de Inversiones y la Junta Directiva de BCR SAFI aprobaron las compras sin que se hubiesen realizado los peritajes y avalúos correspondientes.