Las universidades públicas costarricenses están entre las mejores de Latinoamérica y del sur global, si consideramos que nacieron en un país que hasta 1985 “exportaba postres”, como dijo Rodrigo Carazo, y cuya principal materia prima ha sido siempre el talento humano.
Son las instituciones mejor evaluadas por los costarricenses, con un índice de confianza de 7,9 sobre 10. Por encima de la retórica de los “ticos con corona” o de los “chancletudos comunistas”, que no corresponde a la realidad, los padres valoran que sus hijos vayan por primera vez a la ‘U’, y puedan construir tanto un futuro profesional como un país más productivo, justo e inclusivo.
La educación pública no solo ha sido un mecanismo indispensable de movilidad social, sino también un laboratorio para producir y reproducir la nación que queremos, en un efecto multiplicador que es difícil de reducir a cifras. Sería impensable la democracia sin la escuela y, posteriormente, sin una universidad que enseña a pensar el mundo desde Costa Rica.
Las universidades públicas producen entre un 78% y un 90% del conocimiento científico generado en el país, y un alto porcentaje de la investigación en el Istmo. Sin este componente, prácticamente no existiría inversión en investigación y desarrollo, y nuestro modelo de competitividad, ya de por sí debilitado después de la pandemia, se desplomaría.
La Universidad de Costa Rica (UCR), según diversos ránquines, solo es superada en cuanto a calidad académica por la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, en Centroamérica y el Caribe, que son instituciones gigantescas. Del 2020 al 2026, la UCR duplicó el presupuesto destinado a becas y ha fortalecido sus programas de regionalización y desconcentración curricular.
Por si fuera poco, desde hace más de una década, las universidades incorporan metas de cumplimiento y compromisos al Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). Y, desde la llegada al poder del chavismo, esta rendición de cuentas se ha hecho mucho más transparente, y ha involucrado un esfuerzo deliberado por aumentar la oferta académica en carreras STEM y otras áreas competitivas.
Por lo tanto, ¿a qué obedece el recorte de su presupuesto? ¿A razones financieras, ideológicas o, incluso más allá, políticas? A una ruptura radical en el modelo de desarrollo costarricense, antes basado en la igualdad de oportunidades, la excelencia académica, la democracia social y la posibilidad de disentir.
En un artículo que vale la pena leer, “La universidad pública como enemigo moral del neoliberalismo autoritario”, Juliana Martínez Franzoni adelanta una respuesta a partir de una reflexión demoledora. Financiar o no las universidades públicas no es un problema fiscal, es un esfuerzo por destruir o desmoralizar a la élite intelectual de un país y limitar lo que sabe hacer mejor: pensar, dudar, plantear preguntas y demostrar que “el emperador está desnudo” (chingo, diríamos por aquí).
Las universidades públicas han gozado de una envidiable autonomía hasta ahora, pero lo que en este momento está en juego no es solo su subsistencia financiera. Es el asalto al poder –o su asedio– del espacio donde se produce pensamiento y desde el cual una sociedad reflexiona sobre sí misma.
Cuando se anuncia con bombos y platillos que el proyecto autoritario tiene ya dos de los tres poderes del Estado y que hay que ir por el tercero (el Judicial), cabe la pregunta: ¿y qué sigue? La respuesta nos la da Martínez. Y después… bueno, la lista es larga. Los medios de comunicación, muchos ya cooptados por el chavismo, y… todo lo demás. Como diría Orwell en 1984: “El Partido anunciaría que dos y dos son cinco y habría que creerlo”.
carlos.cortes.z@gmail.com
Carlos Cortés es escritor y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR).