El gobierno de Laura Fernández y sus diputados chavistas en el Congreso no son los primeros en plantear una reforma constitucional para eliminar de la Constitución Política la prohibición de reelección a quien haya ejercido la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al periodo para el que se verifica la elección. Antes de ellos, Otilio Ulate Blanco y sus seguidores intentaron pasar una reforma similar en 1953-1954.
El primer paso para ese proyecto se dio en febrero de 1953, cuando los diputados Ricardo Esquivel y Mario Leiva plantearon someter la reforma a un plebiscito que se realizaría el mismo día de las elecciones presidenciales. Esquivel y Leiva debieron hacer malabares jurídicos para justificar su propuesta, para lo cual argumentaron que sería una gran manifestación democrática y un significativo precedente para futuras reformas constitucionales.
El 19 de marzo de 1953 se dio el primer debate de ese proyecto y fue intenso, con múltiples argumentos a favor y en contra.
Algunos diputados plantearon como problemático para la ciudadanía votar el mismo día por presidente, diputados, munícipes y, además, por la reforma constitucional. Por eso, propusieron que se pasara el plebiscito para meses después de las elecciones nacionales.
Otro legislador alegó que el proyecto era muy importante porque algunos temían que, si llegaba al poder por vía electoral, José Figueres (candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional) trataría de perpetuarse en el cargo, por lo que permitirle a Ulate postularse en 1958 le quitaría esa tentación al caudillo liberacionista.
En este punto, vale la pena recordar que Ulate y Figueres habían tenido divergencias y encontronazos públicos con posterioridad a la guerra civil de 1948, lo cual los había llevado a distanciarse. Ulate, en todo caso, se creía con el capital electoral para derrotar a cualquier persona en elecciones presidenciales, pues su Partido Unión Nacional (PUN) había arrasado en las elecciones para la Asamblea Constituyente a finales de 1948.
Rápidamente, un grupo de simpatizantes del plebiscito se organizó y comenzó a publicar campos pagados en la prensa para presionar a los diputados por su aprobación. Asimismo, El Diario de Costa Rica, propiedad de Ulate, se convirtió en una tribuna a favor de la reforma y en sus páginas prácticamente se planteó que los diputados que votaran en contra del plebiscito serían enemigos declarados del presidente –en efecto, del presidente, porque Ulate seguía al mando del Ejecutivo hasta el 8 de noviembre de 1953–. Finalmente, triunfó la idea de efectuar el plebiscito junto con las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 26 de julio de 1953.
Figueres barrió electoralmente con sus opositores en esas elecciones: de un padrón de 294.016 personas, el PLN capturó 123.444 votos (62,5%), mientras que el Partido Demócrata, de Fernando Castro Cervantes, alcanzó apenas 67.324 sufragios (34%). Los votos nulos llegaron a 2.330 y los votos en blanco fueron 4.391. El abstencionismo sumó 96.527 personas (32,8% del total en padrón).
Además de ganar la presidencia, el PLN eligió a 30 diputados a la Asamblea Legislativa (incluidas las tres primeras mujeres diputadas en la historia de Costa Rica); el Partido Demócrata obtuvo 11 escaños, el Partido Nacional Independiente Republicano sacó tres, y el PUN, solamente uno.
La derrota del partido de Ulate se tradujo, además, en una votación muy ambigua con respecto a la reforma constitucional. Como lo documentó Clotilde Obregón Quesada, para la reforma, los votos en blanco fueron 32.083, a lo cual se sumó el hecho de un abstencionismo muy alto.
El Tribunal Supremo de Elecciones comunicó los resultados del plebiscito al Congreso, indicando que no eran determinantes, por lo cual la reforma constitucional propuesta debía ser aprobada por dos Asambleas Legislativas diferentes.
Por supuesto, la Asamblea Legislativa dominada por los diputados ulatistas aprobó la reforma a finales de setiembre de 1953, pero la nueva Asamblea Legislativa que empezó en noviembre de ese año, con el cambio de gobierno, estaba dominada por liberacionistas. Así que conforme se acercó la discusión sobre la reforma constitucional, las presiones públicas de los ulatistas y del propio Ulate se volvieron más fuertes y de un tono más alto.
De hecho, se formó un Comité Nacional Pro-Reforma Constitucional que combatió en las páginas de los periódicos toda oposición a bajar de ocho a cuatro los años que debía esperar un expresidente para volver a lanzarse. Entre sus argumentos, el 22 de mayo de 1954 señalaron que el plebiscito ya había manifestado la voluntad popular y que a los nuevos diputados solo les tocaba cumplir con el trámite “técnico” de redactar el precepto que se incorporaría como variante al texto constitucional.
La reforma entró a debate la última semana de mayo de 1954. En ese momento, Ulate se exasperó y mandó cartas a diputados del Congreso para conminarlos a votar a favor de la reforma y dio un explosivo discurso radiofónico en su emisora, La Voz de la Víctor, la noche del sábado 29 de mayo.
Ese discurso fue calificado como subversivo por varios diputados liberacionistas, al tiempo en que El Diario de Costa Rica comparó a esos congresistas con quienes anularon las elecciones de febrero de 1948. Al filo de la discusión, el 31 de mayo, Ulate movilizó puños de gente al Palacio Nacional, pues ese sería el día de la votación final de la reforma.
La reforma se rechazó en una votación de 17 a favor y 28 en contra. Al referirse a ese epílogo, el periódico La Prensa Libre indicó que la Carta Magna no se debía convertir en el “vestido a la medida de los gustos de quienes transitoriamente pasan por los puestos de comando de la nación”.
Enfurecido, Ulate comenzó una vigorosa campaña anti-Figueres, para descalificarlo por “comunista” y aspirante a “dictador”. Y, eventualmente, se presentó como candidato a las elecciones de 1962, pero solo obtuvo un 14% de los votos.
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David Díaz Arias es profesor catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR).