Organizaciones sindicales, movimientos sociales y ciudadanos marcharon este domingo 8 de noviembre en San José para exigir al gobierno de Laura Fernández el pago de la deuda estatal con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La movilización fue convocada para las 9 a. m., con salida desde el parque La Merced y un recorrido hasta el edificio central de la CCSS.
Los participantes portaron banderas de Costa Rica, pancartas y carteles con mensajes en defensa de la seguridad social. Entre las consignas que entonan se escucha: “Chaves, ministro, páguele a la Caja”.
Además del pago de la deuda, los manifestantes reclaman el respeto a la autonomía de la institución, mejoras en la atención de pacientes y soluciones a las listas de espera.
La diputada del Frente Amplio Vianey Mora afirmó que la movilización responde a problemas relacionados con el financiamiento del seguro de salud y del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Según la legisladora, la deuda estatal con la CCSS aumentó seis veces durante la administración Chaves Robles. También cuestionó proyectos de ley que, a su criterio, buscan incrementar la intervención del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva de la institución.
Mora destacó la importancia de defender el derecho a la protesta social y recordó manifestaciones anteriores contra recortes presupuestarios en servicios de salud.
Entre las personas que participan en la marcha se encuentra Paulina Gamboa, de 81 años, quien relató que fue sometida a una operación de corazón cuyo costo su familia no habría podido asumir en un centro médico privado.
Gamboa considera que el Gobierno mantiene una política de privatización y falta de pago a la CCSS. También manifestó preocupación por las personas que afrontan dificultades para recibir atención debido a las listas de espera.
Por su parte, César López, de la Liga Cívica Nacional e integrante del Frente Nacional de Lucha, señaló que la deuda estatal con la CCSS ronda los ¢4,6 billones, según sus estimaciones.
López sostuvo que los problemas financieros y administrativos afectan la prestación de servicios. Además, pidió atender las recomendaciones de la Contraloría General de la República sobre la implementación del sistema ERP.
El dirigente además exigió que se respete el nombramiento de la exdiputada Rocío Alfaro como representante de los trabajadores ante la Junta Directiva de la CCSS, luego de que la Sala Constitucional anulara el rechazo del Consejo de Gobierno a esa designación.
Asimismo, solicitó que la expresidenta ejecutiva de la CCSS Marta Esquivel renuncie a su inmunidad para permitir la investigación del caso Barrenador.
Por su parte, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y expresidenta de la Unión Médica Nacional, Yanis Sandí, cuestionó lo que considera un proceso de privatización de la CCSS.
Según Sandí, este proceso se desarrolla desde hace varios años y ha reducido progresivamente la capacidad de atención de la institución. Además, aseguró que la deuda estatal con la Caja registró su mayor crecimiento durante los últimos cuatro años y medio.
“La Caja necesita los recursos que el Estado debe proveerle, no como una limosna, no como una dádiva”, afirmó la legisladora, quien sostuvo que el pago de esos recursos constituye una obligación legal.
Durante la movilización, los manifestantes también se ubicaron a un costado del edificio central de la CCSS, sobre la avenida segunda, en San José. Los participantes portaron pancartas y banderas con mensajes en defensa de la institución.
La exdiputada del Frente Amplio Rocío Alfaro Molina también estuvo presente en la manifestación en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde cuestionó el funcionamiento de la Junta Directiva y los problemas que enfrentan los asegurados.
Alfaro, quien fue elegida como representante del sector sindical ante la Junta Directiva de la CCSS para el periodo 2026-2030, señaló que las listas de espera, los problemas con los sistemas informáticos y la paralización de obras afectan la atención de los pacientes.
La exlegisladora afirmó que es necesario mantener la movilización ciudadana y promover la organización de comités en defensa de la institución.
“Lo principal no es sentarse en una junta donde las votaciones se dan uno contra ocho. Lo principal es que estemos conectados y conectadas y seamos un enlace con todos los comités que deban de crearse en todo este país”, manifestó Alfaro.
Su participación ocurre después de que la Sala Constitucional ordenara al Consejo de Gobierno tramitar su nombramiento como representante sindical en un plazo máximo de ocho días, mediante una resolución del 25 de setiembre.
El pasado 8 de octubre, Alfaro denunció que el Gobierno dejó vencer ese plazo sin concretar su designación.