En lo que va del 2026, distintas instituciones públicas adjudicaron ¢316.150 millones mediante procedimientos especiales de contratación, caracterizados por su agilidad y la ausencia de controles por parte de la Contraloría General de la República (CGR) en las etapas iniciales. Una sola entidad concentra el 75% de ese monto.
Así consta en el Sistema de Consulta de Compras con Fondos Públicos (SIAC) de la Contraloría. Según los datos de esa plataforma, entre el 1.° de enero y el 10 de noviembre del 2026, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tramitó 968 contrataciones por esta vía, de las cuales adjudicó 774 por un total de ¢238.455 millones.
Con ese resultado, el ICE encabeza la lista de entidades públicas con mayor cantidad de recursos asignados mediante este mecanismo.
Le siguen la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con ¢26.861 millones distribuidos en 273 contratos; la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), con ¢21.451 millones; el Cuerpo de Bomberos, con ¢6.568 millones; el Ministerio de Justicia y Paz, con ¢4.848 millones; y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con ¢3.123 millones.
La categoría de procedimientos especiales en el portal de la CGR agrupa distintas modalidades de contratación pública con reglas particulares, como las compras por urgencia, adquisición de inmuebles y contratos de entidades que operan en competencia.
Estos mecanismos son regulados por la Ley General de Contratación Pública (LGCP), entre los artículos 66 y 70, y permiten agilizar las adquisiciones frente a los concursos ordinarios.
Dichas contrataciones no admiten recursos de objeción al pliego de condiciones ni de apelación contra la adjudicación ante la CGR.
La particularidad del ICE
Las estadísticas de la Contraloría incluyen, en el caso del ICE, tanto las compras sujetas a los procedimientos especiales de la LGCP como las amparadas al régimen diferenciado de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (8660).
Esta norma para fortalecer al ICE entró en vigor en el 2008, tras la apertura del mercado de telecomunicaciones, y otorgó a la empresa estatal reglas propias de contratación para competir en ese sector.
Con la entrada en vigor de la LGCP, en diciembre del 2022, se derogaron esas disposiciones y se establecieron nuevas reglas para las entidades que operan en competencia (artículos 68, 69 y 70).
Sin embargo, en agosto del 2024, la Sala Constitucional anuló su aplicación en el ICE y restituyó el régimen anterior. Además, el fallo permitió al Instituto extender ese régimen a las contrataciones del negocio eléctrico.
Desde entonces, los montos adjudicados por la entidad mediante esta vía aumentaron en forma exponencial.
Más instituciones recurren a estos mecanismos
La CNFL no registró adjudicaciones por esta vía entre 2022 y 2024, pero comenzó a usar procesos especiales en el 2025, cuando asignó ¢16.594 millones mediante ese mecanismo. En lo que va del presente año, el monto subió a ¢21.451 millones.
Bomberos también aparece por primera vez en los registros, con ¢6.568 millones en dos contratos. Uno corresponde a la compra de 40 ambulancias.
El Ministerio de Justicia y Paz tampoco registró compras de este tipo entre 2022 y 2024. Sin embargo, adjudicó ¢22.089 entre el 2025 y lo que va del 2026.
El ICE, que ya acudía a estos mecanismos, elevó sus adjudicaciones de ¢7.076 millones en el 2024 a ¢147.307 millones en el 2025 y a ¢238.455 millones entre enero y el 10 de noviembre del 2026. Se trata de un aumento de ¢91.148 millones respecto al año anterior.
La CCSS, en cambio, redujo sus adjudicaciones a ¢26.861 millones, frente al monto máximo de ¢77.920 millones asignado en el 2025. El AyA siguió la tendencia opuesta y casi cuadruplicó el monto del año anterior, al pasar de ¢811 millones a ¢3.123 millones.
El pasado 9 de noviembre, La Nación consultó al ICE y Justicia y Paz sobre el uso de estos mecanismos. Al cierre de esta nota, se esperaba respuesta de las instituciones.
Mientras tanto, el AyA justificó el uso del proceso más expedito de contratación para atender necesidades urgentes de abastecimiento, fugas y equipos de bombeo.
“Esto en respuesta al fenómeno de El Niño que necesita ser atendido mediante procesos ágiles para solventar todo aquello que la institución no tenía a disposición”, indicó por escrito.
Además, alegó que las contrataciones especiales son procedimientos previstos por la ley y que no constituyen una dispensa general del régimen de contratación pública.
Por su parte, la CCSS indicó a este diario que el uso de procedimientos especiales responde, “en una proporción importante”, a la existencia de un régimen legal especial para adquirir medicamentos e implementos médico-quirúrgicos, regulado en la ley N.° 6914.
“Es importante aclarar que la clasificación de estos procedimientos como especiales no significa que correspondan necesariamente a contrataciones de urgencia, emergencia o situaciones excepcionales”, señaló la Gerencia de Logística de la CCSS.
“La categoría de procedimientos especiales comprende diferentes fundamentos jurídicos, entre ellos el régimen particular de adquisición de medicamentos. Por lo que los proveedores se precalifican de previo y luego se inicia la compra entre ellos de manera pública y concursada”, agregó.
Según la Gerencia de Logística, estas adquisiciones forman parte de la actividad ordinaria de abastecimiento de la institución y resultan fundamentales para garantizar la continuidad de los servicios de salud.
En el caso de la CNFL, Juan Manuel Casasola Vargas, director de Administración y Finanzas, argumentó que la ley 8660 le es aplicable a la Compañía, de la misma forma que al ICE, por lo que también se contabilizan este tipo de contrataciones dentro de la clasificación de la Contraloría.
“La CNFL identifica sus procedimientos ordinarios y sus procedimientos por excepción mediante el campo descripción de la solicitud y el pliego de condiciones de tal forma que se identifique si dicho procedimiento corresponde a un Concurso de Adquisición, de Escasa Cuantía o Excepción”, señaló Casasola.
“En resumen, la utilización del tipo “procedimiento especial” de Sicop es una identificación temporal “comodín” para los procedimientos que se llevan a cabo bajo normativa especial (ley 8660, reglamento al título II de la ley 8660 y reglamento para los procesos de contratación de las empresas del ICE) y no porque corresponda a la clasificación de procedimiento especial definido en la ley General de Contratación Pública”, agregó.