Durante las administraciones de Rodrigo Chaves y Laura Fernández se incrementaron las adjudicaciones mediante procedimientos especiales de contratación pública que implican menores controles de la Contraloría General de la República (CGR).
Entre 2023 y el pasado 7 de noviembre, se concedieron contratos por un total de ¢741.709 millones mediante este procedimiento excepcional, el cual evita intervenciones ordinarias de la CGR como el refrendo o apelaciones al contrato.
Dicha modalidad de contratación se convirtió, en los últimos años, en el mecanismo más utilizado por el sector público para adquirir bienes y servicios.
Los datos del Sistema de Consulta de Compras con Fondos Públicos (SIAC) de la CGR muestran que, en 2022, se tramitaron 15 contrataciones mediante procedimientos especiales, de las cuales 11 fueron adjudicadas por ¢653 millones.
Cuatro años después, al 7 de noviembre del 2026, la cifra ascendía a 2.200 procesos iniciados, con 1.838 adjudicaciones por ¢316.150 millones. Esto representa un aumento del 47.000% en cuanto al monto de los contratos del 2022.
Entre el 2023 y 2026, durante las administraciones de Chaves y Fernández, el Estado adjudicó un total de 5.396 contratos mediante trámites especiales, según los datos de la CGR.
La Presidencia de la República informó, mediante su oficina de comunicación, de que no ha emitido ninguna instrucción o recomendación a las entidades del sector público sobre el tipo de contratación a utilizar.
“Cada institución aplica el procedimiento que se adapte a sus necesidades, garantizando el uso correcto de los recursos públicos, y que la población reciba la mejor solución en el menor tiempo posible, siempre apegándose al marco legal de nuestro país”, indicó por escrito.
Uno de los mecanismos previstos en los procedimientos especiales es la contratación de urgencia, regulada en el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública.
La Contraloría explicó a La Nación que contra estos procedimientos no caben recursos de objeción al pliego de condiciones ni de apelación contra el acto final de adjudicación. Tampoco se requiere el refrendo del contrato para su ejecución.
El refrendo es un acto de aprobación y control de legalidad mediante el cual el órgano contralor verifica que el contrato administrativo se ajuste a la ley, al cartel y a la oferta. Sin estos mecanismos, la fiscalización de la CGR se concentra en las etapas posteriores a la adjudicación.
En lo que va del 2026, las instituciones que más dinero adjudicaron mediante estos mecanismos son el ICE, Bomberos, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Solo el ICE concentra un monto de ¢238.455 millones, es decir, el 75% del total de este año.
Este diario consultó al ICE desde el pasado 9 de noviembre, pero al cierre de edición no hubo respuesta. La CNFL precisó que, como subsidiaria del Instituto, se rige bajo el mismo marco jurídico especial que cubre a la empresa estatal.
AyA justificó el uso del proceso más expedito de contratación para atender necesidades urgentes de abastecimiento.
Por su parte, la CCSS indicó que el uso de procedimientos especiales responde, “en una proporción importante”, a la existencia de un régimen legal especial para adquirir medicamentos e implementos médico-quirúrgicos.
Bomberos de Costa Rica recurrió al trámite de contratación especial para invitar a un único oferente y adjudicar la compra de 40 ambulancias a un consorcio sin experiencia en ese tipo de ventas en el país. Una de las empresas que integra el grupo, Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A. (SGSV), está vinculada con dos financistas de la campaña electoral de Fernández.
Crecimiento exponencial
Las adjudicaciones mediante procedimientos especiales registraron un fuerte incremento entre 2022 y 2023, durante el primer año de la administración de Rodrigo Chaves. El monto pasó de ¢653 millones a ¢85.898 millones, una diferencia de ¢85.245 millones y un crecimiento cercano al 13.000% en apenas 12 meses.
Aunque el monto adjudicado disminuyó en 2024, cuando cayó a ¢48.971 millones (un 43% menos que el año anterior), la tendencia al alza se reanudó en los dos años siguientes.
Sin embargo, en 2025, las instituciones públicas tramitaron 2.428 contrataciones bajo esta modalidad. De ellas, 1.988 fueron adjudicadas por ¢290.690 millones. En comparación con 2024, el monto representó un aumento del 494%.
Al 7 de noviembre del 2026, ya durante el mandato de Fernández, se habían adjudicado 1.838 contrataciones por ¢316.150 millones, ¢25.460 millones más que en todo el 2025.
Por otra parte, en 2022, las contrataciones mediante estos procedimientos representaban apenas un 0,06% del monto total adjudicado por las instituciones públicas. Mientras que, para la primera semana de noviembre del 2026, la proporción había aumentado al 40,98% de los ¢771.523 millones adjudicados durante este año.
¿Qué son los procesos especiales?
En la categoría de procedimientos especiales, la Contraloría agrupa las contrataciones reguladas en los artículos 66 al 70 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP), así como las sujetas a regímenes normativos diferenciados. Son mecanismos distintos de las licitaciones ordinarias, con requisitos y condiciones particulares.
Esta clasificación comenzó a utilizarse formalmente con la entrada en vigor de la LGCP, el 1.° de diciembre del 2022. Antes, bajo la antigua Ley de Contratación Administrativa, las compras se registraban principalmente como contrataciones directas, según la causal —como urgencia u oferente único— o mediante categorías institucionales.
Con el cambio legal, la CGR agrupó bajo la etiqueta de “Procedimientos Especiales - LCA/LGCP” tanto las nuevas figuras como las adquisiciones sujetas a regímenes especiales.
Entre los mecanismos de la Ley General de Contratación Pública figura la contratación de urgencia (artículo 66), la cual permite atender situaciones que amenacen el interés público o puedan causar daños graves.
Por otra parte, el artículo 67 contempla la compra y el arrendamiento de inmuebles, sujetos a requisitos como estudios de rentabilidad y mercado, un avalúo y una decisión motivada.
Los demás procedimientos están dirigidos a determinadas instituciones o empresas que operan en competencia. El artículo 68 establece un régimen especial para el Instituto Nacional de Seguros (INS), el ICE y sus empresas en competencia, la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
El artículo 69, por su parte, regula la contratación abierta de servicios para entidades que compiten en el mercado, mientras que el numeral 70 abarca la adquisición, el mantenimiento, la actualización y el arrendamiento de equipos y sistemas tecnológicos.
Para Paúl Zúñiga Hernández, abogado especialista en contratación administrativa, las instituciones públicas no deben tomar la urgencia de contratar bienes y servicios como una norma.
“La idea es que la contratación de emergencia sea la excepción y no la norma; aprovecharse en demasía de los mecanismos excepcionales de contratación pública, amenaza con convertir la excepción en la regla general de la gestión presupuestaria y el ordenamiento jurídico costarricense”, precisó Zúñiga.
El abogado subrayó que recurrir a una contratación de urgencia como un mecanismo cotidiano entraña graves riesgos para la hacienda pública, erosiona la libre competencia y limita la equidad entre proveedores.
El caso particular del ICE
El caso del ICE tiene una particularidad que incide en las estadísticas. Las adjudicaciones de esa institución incluidas en la categoría de procedimientos especiales del portal de la Contraloría contemplan las tramitadas bajo el régimen diferenciado de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (Ley 8660), establecido en 2008 tras la apertura del mercado de telecomunicaciones.
Inicialmente, este marco aplicaba a las actividades del ICE en ese sector, donde competía con operadores privados.
Con la entrada en vigor de la Ley General de Contratación Pública, el legislador incorporó disposiciones especiales para las entidades que operan en competencia y derogó las normas correspondientes de la legislación de fortalecimiento del ICE.
Sin embargo, en agosto del 2024, la Sala Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 68, 69 y 70 de la nueva ley en cuanto a su aplicación al ICE y ordenó restituir el régimen anterior.
A raíz de ese fallo, el marco diferenciado volvió a regir las contrataciones de toda la institución, tanto en telecomunicaciones como en electricidad, y no solo a los procesos vinculados con el primer sector.
Por tanto, la Contraloría confirmó que las estadísticas del SIAC sobre las contrataciones del ICE incluyen tanto procedimientos especiales de la LGCP como compras tramitadas bajo el régimen diferenciado de la Ley 8660.
Menos controles
Una de las principales diferencias entre los procedimientos especiales y las licitaciones ordinarias es que los primeros tienen menos controles previos de la CGR.
En estos casos especiales, los interesados no pueden presentar ante ese órgano recursos de objeción contra el pliego de condiciones ni de apelación contra la adjudicación. Tampoco se requiere el refrendo del contrato para ejecutarlo.
La Contraloría explicó a La Nación, sin embargo, que recurrir a estos mecanismos no permite, en principio, a las administraciones públicas elegir libremente a cualquier contratista ni exime las compras de fiscalización.
“La utilización de un procedimiento especial no significa que la Administración pueda seleccionar libremente a cualquier contratista ni que la contratación se encuentre exenta de controles”, indicó la entidad.
Aunque no conoce esos recursos ni refrenda los contratos, la CGR conserva sus potestades de fiscalización sobre las demás etapas del proceso.
Según explicó la entidad, la fiscalización puede ejercerse sobre actuaciones ya realizadas en las distintas etapas del proceso de contratación, incluso mientras el contrato se encuentra en ejecución.
La selección de los casos que serán fiscalizados responde a criterios técnicos de riesgo, relevancia y prioridades institucionales. Por tanto, la falta de controles previos de la Contraloría no elimina su supervisión, pero sí limita su intervención en comparación con los procedimientos ordinarios.