La Contraloría General de la República (CGR) confirmó que recibió una denuncia por la adjudicación de 40 ambulancias que hizo Bomberos de Costa Rica, por $13,8 millones (casi ¢6.500 millones), el 27 de setiembre anterior, a un consorcio sin experiencia en la venta de este tipo de vehículos en el país.
“Indicar que la CGR recibió una denuncia relacionada con el proceso de contratación señalado, que actualmente se encuentra en fase de admisibilidad”, indicaron la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, División de Contratación Pública, Unidad de Sistemas de Información, y División Gestión de Apoyo del órgano fiscalizador ante consultas de La Nación.
Por este motivo, la Contraloría indicó que no respondería las consultas de este diario sobre la legalidad y procedencia de la justificación del procedimiento de emergencia al que recurrió la Benemérita para adjudicar la compra de ambulancias, al amparo del artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública.
Esta modalidad permite a las instituciones adjudicar directamente, incluso por montos superiores al límite de una licitación mayor, cuando existen riesgos para la salud u otras amenazas al interés público.
Bomberos justificó el uso de este mecanismo en una instrucción de la presidenta de la República, Laura Fernández, quien ordenó ampliar la atención prehospitalaria en 25 estaciones del país, ante el aumento de los accidentes de tránsito y laborales.
Empresas sin trayectoria en Costa Rica
Bomberos adjudicó la compra de 40 ambulancias a un consorcio de empresas sin experiencia en la venta de estos vehículos en Costa Rica, pese a que otras compañías con trayectoria local participaron en el estudio de mercado.
La adquisición se tramitó mediante el procedimiento de emergencia 2026XE-000002-0012800001, publicado el 10 de setiembre en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). El contrato quedó en manos del consorcio integrado por Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A. (SGSV) y la brasileña Bem Estar.
Ninguna de las dos empresas registra experiencia en la venta de ambulancias en el país. En contraste, el estudio de mercado incluyó a dos compañías costarricenses, AutoStar Vehículos S. A. y Comercializadora Técnica Industrial del Oeste (Cotisa S. A.), ambas con antecedentes en el suministro de estos vehículos en Costa Rica y con ofertas de menor precio.
El representante de SGSV, el empresario brasileño Igor Oliveira Roquim, también figura como representante de otro consorcio empresarial que mantiene un contrato con el Ministerio de Justicia y Paz para suministrar tobilleras electrónicas.
Además, los contratos registrados por SGSV en Sicop corresponden a negocios con instituciones públicas durante las administraciones de Rodrigo Chaves y Laura Fernández.