La presidenta de la República, Laura Fernández, pronunció el 21 de octubre una frase que causa incertidumbre sobre las aspiraciones del gobierno.
Con motivo de la reelección del fiscal general de la República, Carlo Díaz, la mandataria dijo: “Tampoco voy a ser hipócrita en desearle lo mejor”.
La frase puede dar para muchas interpretaciones, pero lo visible es que el oficialismo sigue con su política de dinamitar puentes con cualquiera que no se pliegue a sus designios o que, por la naturaleza de su función, tenga el deber de fiscalizar al poder de forma independiente.
Esta ruptura de puentes se extendió a la materia de seguridad ciudadana en un mal momento, en el que la inseguridad sigue siendo por mucho la principal preocupación de los costarricenses y cuando salen a la luz acercamientos de presuntos narcotraficantes y lavadores de dinero hacia los círculos políticos.
Hace apenas tres meses, el oficialismo también reaccionó con cuestionamientos y descalificaciones cuando el OIJ y la Fiscalía detuvieron al presunto narcotraficante Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo. Desde entonces, lo que han arreciado son los recortes presupuestarios a los distintos órganos del Poder Judicial.
A diferencia de Fernández, la embajadora de Estados Unidos, Melinda Hildebrand, se reunió en Los Chiles con el fiscal Carlo Díaz un día después de que este fue reelegido en la Corte Plena con 21 votos a favor y ninguno en contra. La visita diplomática es una señal de apoyo. En esta, se observaron las condiciones en que se combate el crimen en esta zona fronteriza.
La DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) ha intensificado su colaboración con las autoridades policiales y judiciales costarricenses en busca de desarticular las estructuras del crimen organizado que han penetrado la economía del país. Según el fiscal, los próximos pasos de la colaboración con la DEA irán en dirección hacia los “narcotraficantes invisibles”.
Díaz usó ese término para referirse a personas que aparentemente mantienen negocios lícitos, pero cuyo capital tiene origen en el narcotráfico. Sostuvo que son personas de renombre y de influencia con muchos contactos en las instituciones públicas.
En la Corte Plena, antes de ser reelegido, Díaz dijo que el primer “invisible” detenido es Guobin Tam Zhang, el empresario chino-costarricense que afronta un proceso de extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico y lavado de dinero. Este sospechoso había logrado asistir a actividades de gobierno y de campaña.
Fracaso del Ministerio de la Presidencia con armonización eléctrica
La política de ruptura de puentes también se pone de manifiesto con el reciente archivo del proyecto de ley de armonización eléctrica. Lo sucedido es un fracaso del Ministerio de la Presidencia, el cual está encargado de que ese tipo de cosas no pasen.
El ministerio fue incapaz de negociar con las bancadas de oposición sobre la importancia de la reforma eléctrica y la necesidad de aumentar la capacidad energética de Costa Rica, en momentos en que la demanda crece a un ritmo mayor que la oferta.
Una negociación transparente del gobierno con Liberación Nacional (PLN) y ojalá también con el Frente Amplio (FA) habría sido beneficiosa para el país, pero el punto es que en un regateo todas las partes deben comprender, convencer y ceder.
Gobiernos anteriores, con menos diputados oficialistas, sacaron adelante proyectos de ley mucho más polémicos e impopulares que este, como la reforma fiscal del 2018.
Un repaso de lo sucedido con el plan de armonización eléctrica muestra lo rápido que se esfumó el intento de negociación.
El 15 de octubre, Álvaro Ramírez, jefe del PLN, confirmó la existencia de conversaciones con el gobernante Partido Pueblo Soberano (PPSO) en busca de un texto de consenso que pudiese recibir los 17 votos de Liberación. De parte del PPSO, el diálogo lo confirmó el subjefe Juan Manuel Quesada.
Al día siguiente, el 16 de octubre, el PLN condicionó el diálogo a que el gobierno y el PPSO frenaran los recortes presupuestarios a las universidades públicas. Pueblo Soberano optó entonces por retirarse de la mesa y sacó a la luz un supuesto acuerdo de 11 puntos que había alcanzado con un grupo de siete diputados liberacionistas para aprobar la reforma eléctrica.
Tres días después, el 19 de octubre, el PPSO le puso al jefe del PLN un ultimátum para que firmara a más tardar a las 3 p. m. de ese día, el acuerdo con los siete liberacionistas.
El resultado fue que, en cuestión de horas, los 17 diputados del PLN votaron en bloque en contra del proyecto en segundo debate.
Más que lograr sacar adelante el proyecto, la intención del PPSO pareció ser dividir al PLN o exponerlo como obstruccionista, mientras que el Frente Amplio aprovechó para señalar un intento por quebrar al autodenominado “bloque democrático”.
Sin embargo, negociar una reforma eléctrica no equivale a una capitulación de la defensa de la democracia, sino a la búsqueda de soluciones.
De nuevo, el gobierno no logró obtener 38 votos, como le ha sucedido también en su afán de tomar el Poder Judicial. Empieza a cargar con un costo político.
Contradicciones en materia fiscal
En materia fiscal, la presidenta Laura Fernández culpó por el deterioro fiscal a la rebaja del marchamo y otras reformas aprobadas por la anterior Asamblea Legislativa. Argumentó que la disminución de los ingresos del Estado obliga a solicitar recortes presupuestarios que han motivado protestas.
Sin embargo, surgen contradicciones. Su actual ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, firmó y promocionó esa rebaja al marchamo. Además, han emergido nuevos hechos que explican el deterioro:
- El propio Ministerio de Hacienda atribuyó parte de la caída en la recaudación tributaria a la puesta en marcha del sistema Tribu-CR, nueva plataforma implementada para el cobro de impuestos.
- Un portillo fiscal abierto en el 2024 por el gobierno anterior, el cual permitió importar autos pagando menos impuestos, causó un hoyo en las finanzas públicas. Entraron al menos 30.000 vehículos con valores fiscales inferiores a los precios de mercado y se produjo una evasión de ¢20.000 millones. Apenas se cerró el portillo este año, se desplomó la importación de autos.
- La recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) que se cobra a los productos de importación en Aduanas se está reduciendo con fuerza. En el primer semestre del 2026, bajó en casi ¢25.000 millones en comparación con el mismo periodo del 2025. El tipo de cambio es uno de los principales causantes de este deterioro.
En las próximas semanas, seguirá en la Asamblea Legislativa un intenso debate presupuestario, con recortes a unos sectores para poder equilibrar a otros.